Ocho familias del fraccionamiento Valle del Mezquite, al sur de La Paz, aceptaron 40 mil pesos cada una para desalojar los módulos 41 y 42, declarados no habitables por riesgo de colapso, en un acuerdo reportado el 21 de septiembre de 2026 por El Sudcaliforniano. El apoyo cubre seis meses de renta y lo paga la empresa constructora mientras se resuelve el reclamo ante la aseguradora.
Los edificios no son un problema nuevo. Las viviendas se entregaron entre 2017 y 2018 y desde 2019 los residentes han presentado acciones legales ante el Infonavit y la Profeco sin resolución, de acuerdo con BCS Noticias. Dictámenes técnicos de Protección Civil de 2022 y 2026 ya recomendaban el desalojo, y las lluvias del 31 de agosto desprendieron una sección superior de uno de los módulos. El 9 de septiembre, el Congreso del estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que pide al Infonavit, a la Profeco y a la Subsecretaría de Protección Civil revisar cada crédito hipotecario, los seguros aplicables y las opciones de reubicación. La diputada Karina Olivas Parras sostuvo: «Son familias que viven con miedo dentro de su propio hogar, que pagan durante años un crédito hipotecario».
El alcance del acuerdo está en disputa. La residente Graciela Martínez declaró a El Sudcaliforniano que «llegamos al acuerdo de que la constructora nos va a pagar, por así decirlo, seis meses de renta», y señaló que el pago cubre sólo a seis familias, por lo que dos de las contempladas y otras cuatro que ya no viven en los departamentos quedan fuera; en el conjunto hay al menos doce familias afectadas. Sobre una indemnización de 540 mil pesos por familia, de la que el Infonavit pretende recuperar los saldos de crédito pendientes, dijo: «No estamos de acuerdo con eso, que el Infonavit se quede con ese dinero». El subsecretario de Protección Civil estatal, Héctor Amparano Herrera, advirtió: «Es un tema muy urgente que debe ser de urgente resolución».
Una vez desalojados, los módulos serán demolidos con la constructora y el Infonavit cubriendo los gastos; las autoridades revisan los Atlas de Riesgo estatal y municipal antes de autorizar nuevos desarrollos de vivienda en La Paz, y el seguimiento abarca también Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.
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